Fracaso. De sonado y rotundo fracaso cabe calificar la política laboral que el Gobierno está llevando a cabo. De ello son una significativa muestra los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos ha ofrecido en días pasados a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al segundo trimestre de 2009. Un aumento del número de parados en España cifrado en 126.700 personas, de las cuales 54.600 pertenecen a Andalucía. Nuestra región se convierte así, junto a la Comunitat Valenciana, en una de las zonas donde el desempleo sufre la mayor subida en estos tres últimos meses. La tasa de paro, en Andalucía, ha quedado situada en el 25,41%. Respecto al primer trimestre de este mismo año, seguimos sumando en los mismos malos resultados.

Estos datos son los que se nos ofrecen desde el INE como resultado de la aplicación de una determinada metodología estadística. Con la aplicación de otros procedimientos, los datos son aún peores. Si la EPA ofrece una tasa de desempleo para España del 17,9%, la oficina Eurostat, dependiente de la Comisión Europea, la sitúa en el 18,1%. El desempleo en nuestro país sigue siendo de los mayores de la Unión Europea, con una diferencia además muy marcada con respecto a otros países. Asimismo, sacamos también una considerable ventaja a nuestros vecinos comunitarios en cuanto a la destrucción de empleo.

Todo ello en una época en la que cabría esperarse unos resultados mejores de los ofrecidos. Los meses estivales que cruzamos son tradicionalmente significativos en cuanto al descenso del número de parados debido al empleo estacional que proporciona el turismo, y más en una región eminentemente turística como Andalucía. Además, esta época se ha visto complementada con dos planes especiales para la creación de empleo: el Fondo Estatal de Inversión Local que el Gobierno central ha destinado a los Ayuntamientos y el Proteja (Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía), que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha también en los municipios andaluces. Uno de los criterios fundamentales para la concesión de los proyectos de obras a las empresas ha sido precisamente el de la creación de puestos de trabajo. Pues bien: aunando un factor recurrente anualmente, como el del empleo estacional del turismo, y otros factores como los programas especiales, las cifras de desempleo han seguido aumentando y el alivio del Gobierno únicamente ha consistido en que este aumento no ha sido todo lo grave que pudiera esperarse. Estos factores únicamente han servido para amortiguar una situación aún más dramática.

Los trabajadores, y especialmente en Andalucía, donde las cifras son de las más preocupantes  del país, nos preguntamos qué pasará cuando, al cabo del verano, se dé por finalizada la temporada en la hostelería, cuando las obras del FEIL y del Proteja concluyan en nuestros pueblos. Con una industria escasa, con EREs y reajustes de plantilla, ¿será acaso al agricultura, con las próximas campañas de la vid y del verdeo, las que amortigüen nuevamente unas cifras de vértigo?

No se puede estar pendiente, año tras año, del empleo estacional, de la recurrente obra pública, muy al estilo primorriverista, como panaceas de políticas laborales fracasadas. Ni mucho menos aún ceder a las propuestas patronales de bajadas en las cotizaciones sociales o el despido barato... libre podemos decir.

Reducir la jornada de trabajo y repartir más el empleo; reducir los beneficios empresariales (las grandes empresas y los grandes bancos dicen reducir beneficios, pero éstos siguen siendo espectaculares), han de entrar en los planes de cualquier política laboral que quiera ir más allá de actuaciones puntuales, y por supuesto, no ceder a los chantajes patronales que siempre quieren colocar sobre las espaldas de los trabajadores los efectos de la crisis.